Este Editorial se publicó en la versión impresa del New York Times el 2 de octubre de 2012 en su página A30. Traducción propia.
Los políticos no pueden hacer oídos sordos a las manifestaciones que en las capitales del sur de Europa han llenado las calles de un número muy elevado de manifestantes protestando contra las últimas medidas de austeridad. Cientos de miles han salido en Lisboa, Madrid y Atenas y, seguramente, en los próximos días habrá más manifestaciones de este tipo.
Vista aérea de la manifestación en Madrid el pasado 25 de septiembre de 2012 |
La paciencia de la gente se está acabando. Las medidas de austeridad exigidas por el gobierno alemán y los líderes de la Unión Europea han fallado estrepitosamente en su objetivo de reducir la deuda y de encarrilar la salida de la crisis. Más bien al contrario, es evidente que estas medidas aumentarán el número de parados y dañarán los programas de asistencia social justo cuando más se necesitan.
El foco está ahora España, donde el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy trata de hacer nuevos recortes sin provocar futuras explosiones de ira en su país y sin echar gasolina a los movimientos secesionistas de regiones intranquilas como Cataluña, el motor económico del país. Pero el cruel cóctel de nuevos recortes en servicios públicos, congelación de pagas e incremento de impuestos que el Sr. Rajoy anunció la semana pasada, sin duda harán que la situación política y económica empeore. Los expertos prevén un segundo año de crecimiento negativo en 2013, mientras que el desempleo, que actualmente afecta a más de un 25% de la población, duplica la media de la Unión Europea.
Mientras España no salga milagrosamente adelante con esas medidas contraproducentes o mientras la economía española no obtenga nuevos ingresos tributarios para llegar a unos objetivos presupuestarios irreales, Alemania amenaza con retrasar una desesperadamente necesaria unión bancaria europea que ayudaría a recapitalizar los bancos españoles que van a la deriva. A diferencia de Grecia y Portugal, España, hasta ahora, ha evitado un rescate formal de la Unión Europea, lo que le permite tener un poco más de margen para llevar su propio rumbo económico. Pero el Sr. Rajoy no es en realidad un actor libre. Sin el visto bueno alemán para la unión bancaria europea, España, también, podría verse forzada a llegar a un acuerdo vinculante de rescate de la deuda.
Los problemas actuales de deuda de España no son consecuencia de un gobierno derrochador durante los años del boom. Vienen de la caída abrupta de la economía debida al pinchazo de una peligrosa burbuja inmobiliaria en el sector privado, alimentada por un crédito artificialmente barato. El estallido de esa burbuja barrió millones de trabajos en España, llevándose por delante los ingresos tributarios y el consumo. También forzó al gobierno a gastar miles de millones de euros que no tenía, sin conseguir rescatar a su tambaleante sistema bancario. Los nuevos recortes que afectan al empleo y el gasto de energía no traerán la recuperación. Únicamente traerán más miseria y disturbios.
El Sr. Rajoy también quiere tomar las riendas del gasto de los 17 gobiernos regionales, que tienen un papel importante en el coste en educación y sanidad. Los gobiernos regionales despilfarraron miles de millones en proyectos de obra pública durante los años del boom. Pero ese dinero se ha perdido, y los sistemas educativos y sanitarios no deberían sufrir grandes recortes en tiempos difíciles.
Tampoco es el momento adecuado, en plena recesión profunda, para abordar el problema a largo plazo que supone el coste de las pensiones y el envejecimiento de la población. Con unas prestaciones por desempleo que se están acabando para muchos, las pensiones son la principal fuente de ingresos para cientos de miles de familias.
No quedan sitios fáciles para que el Sr. Rajoy recorte servicios o gastos sin el riesgo de un desastre social. La historia se parece mucho a la de Grecia y Portugal.
El tiempo se acaba. Sólo un cambio profundo en las políticas económicas pueden salvar el euro. Los líderes europeos (sobre todo la canciller alemana Angela Merkel), necesitan reconocer que para devolver la solvencia a la zona euro se necesitarán renovados esfuerzos para fomentar el crecimiento económico, olvidándose de los rígidos objetivos presupuestarios y de las continuas medidas de austeridad impuestas en Berlín y Bruselas a gobiernos desesperados.
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